UGT informa: Conoce la historia de la lucha obrera en España (UGT 1888)

En el año 1888, a las 10’30 horas del 12 de agosto, veintiséis hombres tomaban asiento en el salón del Círculo Socialista ubicado en la calle Tallers, 29, de Barcelona, para iniciar el Primer Congreso Nacional Obrero:

Antonio García Quejido, Pablo Iglesias, Juan Serna, Basilio Martín Rodríguez, Pablo Roca, Pedro Botifoll, Ramón Cuñé, Constantino Amigó, Antonio Cortés, Juan Roca, Baldomero Carbonell, Rafael Orrioles, José Anguera, Toribio Reoyo, Salvador Ferrer, Cristóbal Uño, Antonio Torroella, José Sarcos, Ramón Perramón, Jaime Mora, Juan Matas, J. Castells, José Pons, Juan Boixader, Juan Palomero y Antonio Moliner. Estos 26 delegados, que representaban a 44 sociedades de oficios (28 de ellas de Cataluña y 16 a las provincias castellanas) y a un total de 5.154 afiliados, de los que 1.391 correspondían a la Federación Tipográfica Española, habían llegado animados por un empeño común: constituir la primera Organización nacional de sociedades obreras para defender sus intereses de asalariados frente a la patronal.

El Congreso duró hasta el día 14 y en la segunda sesión un tipógrafo llamado Pablo Iglesias Posse proponía que la nueva Organización obrera llevara por nombre «Unión General de Trabajadores de España». La sugerencia fue aprobada por el Congreso, que antes de cerrar sus sesiones eligió como presidente de la organización a un compañero de Pablo Iglesias, el también tipógrafo Antonio García Quejido, secretario a su vez de la Federación Socialista Madrileña.

La recién nacida UGT se organiza a base de Sindicatos de Oficio a nivel local y por Federaciones a nivel nacional, queda aprobado un programa de fijación de salarios mínimos, y se acuerda la petición de la jornada de ocho horas. La cuota de afiliación queda fijada en cinco céntimos. Como órgano directivo entre Congresos actúa el Comité Nacional. Así cristalizaban los deseos de miles de trabajadores que, a raíz de la aparición de la I Internacional (1864), venían dirigiendo sus esfuerzos a crear Asociaciones obreras basadas en la solidaridad y estructuradas en agrupaciones de oficios.

En torno a una de esas Asociaciones (la Asociación del Arte de Imprimir, de Madrid), y a una de sus figuras más destacadas, Pablo Iglesias, se nuclea la tendencia marxista que sería decisoria para la fundación del PSOE y la creación de UGT, su Organización hermana en el campo laboral. De hecho, pocos días después de la celebración de este Primer Congreso Nacional Obrero se celebra el Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que establecería como requisito para la militancia en el partido la pertenencia al sindicato recién creado.

Hasta finales de siglo, UGT experimenta un proceso de consolidación y va extendiendo su influencia a las diversas provincias españolas (particularmente por la cuenca minera asturiana y Vizcaya gracias a la labor de dirigentes como Varela y Vigil, Manuel Llaneza y Perezagua). En 1890 se celebra el II Congreso de UGT y por primera vez en España se celebra el 1º de Mayo (en Barcelona, Madrid y Bilbao). Con el cierre del siglo, UGT había pasado a tener más de 26.000 afiliados y para 1910, fecha de fundación de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), el número de afiliados al sindicato socialista alcanzaba los 43.000. Ese mismo año, Pablo Iglesias se convierte en el primer diputado obrero de España.Pablo Iglesias Posse. Breve Biografía

En 1892 se celebra el III Congreso de UGT; dos años más tarde, del 25 al 28 de agosto de 1894, el IV Congreso en Madrid, y en 1896 el V Congreso. En su VI Congreso (13-15 de septiembre de 1899), la sede central del sindicato en Barcelona se traslada a Madrid. Los últimos años del siglo XIX resultan difíciles para el movimiento obrero español debido a las suspensiones, detenciones y violentas represalias que provocan las numerosas huelgas y actos de protesta de los trabajadores contra las guerras coloniales en las que, por aquel entonces, se ve enzarzada España (Huelga General contra la guerra de Marruecos el 26 de julio de 1909).

Durante la primera década del siglo XX, UGT experimenta un período de desarrollo ideológico y organizativo. Es a partir de entonces cuando se perfila una nueva generación de dirigentes, tales como Saborit, Indalecio Prieto y Anguiano. En 1902 se celebró el VII Congreso y tres años más tarde, en 1905, el VIII Congreso. En el IX Congreso, el 28 de noviembre de 1908, se inaugura la Casa del Pueblo de Madrid (c/ Piamonte, 2). La Organización va creciendo hasta llegar en 1915 a los 110.000 afiliados. En el X Congreso de 1911 se sustituyen los Sindicatos de Oficios por Sindicatos de Industria, lo que permitirá la consolidación del movimiento reivindicativo y la creación de Sindicatos poderosos. Esta es también la década de la creación de cooperativas obreras y centros educativos y de esparcimiento, como las Casas del Pueblo. En 1914 se celebra el XI Congreso y en 1916 tiene lugar el XII Congreso que aprueba el primer plan de lucha contra el aumento del coste de la vida.

La activa participación de UGT en las numerosas huelgas que tienen lugar en la segunda década del siglo XX (y que desembocan en la huelga general del 13 de agosto de 1917, cuando es decretado el estado de guerra) hace aún frecuentes, sin embargo, las disoluciones de la organización y la encarcelación de sus dirigentes. El año 1917 es crucial para el desarrollo futuro del sindicalismo en nuestro país. Este es el año en que el Movimiento Obrero descubre su capacidad de influir en las decisiones políticas, se enfrenta abiertamente al Gobierno y es capaz de ofrecer una alternativa. Dos meses después, otros acontecimientos exteriores reforzarían ese descubrimiento: la Revolución de Octubre.

Los ecos de la revolución rusa repercuten en los debates entre los afiliados a UGT, y también al PSOE. Algunos se muestran partidarios de adherirse a la III Internacional (creada por Lenin en 1921), pero son derrotadas sus tesis tanto en el Sindicato como en el Partido y ello provoca posteriormente una escisión que se salda con la fundación por parte de los perdedores del Partido Comunista Obrero Español (PCOE). Mientras tanto, por Decreto Ley de abril de 1919, los trabajadores habían conseguido una de sus viejas aspiraciones: la jornada laboral de ocho horas. En este mismo año, Largo Caballero y Besteiro participan en la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1920 UGT celebra su XIV Congreso. Para aquel entonces, con datos de 1921, UGT superaba con creces los 200.000 afiliados y un año más tarde, en 1922, celebra su XV Congreso.

La llegada al poder de Miguel Primo de Rivera en 1923, mediante un golpe de Estado, acrecienta las protestas obreras, tanto entre los ugetistas como entre los cenetistas. Estas protestas resultan en una disolución de los segundos (que eligen el enfrentamiento con el nuevo régimen) y un languidecimiento de los primeros. La muerte de Pablo Iglesias, el 9 de diciembre de 1925, deja la responsabilidad de UGT en manos de Indalecio Prieto, Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, tres figuras claves del socialismo español en los años venideros tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, en 1930. El 16 de septiembre de 1928 UGT celebra su XVI Congreso en el que se establece que las Federaciones de Industria son la base organizativa del Sindicato. Por esas fechas, UGT contaba con casi 300.000 afiliados y se producía la decisiva incorporación de los campesinos a la lucha sindical.

En mayo de 1924 se produce la disolución del Instituto de Reformas Sociales y creación, en sustitución de éste, del Consejo Superior de Trabajo, en el que se integran como vocales obreros Largo Caballero, Núñez Tomás, Lucio Martínez Gil y Santiago Pérez Infante.

Francisco Largo Caballero. Breve BiografíaLa caída de la dictadura y la instauración de la II República (14 de abril de 1931) abre en el Sindicato la vieja polémica sobre la conveniencia o no de participar con los partidos republicanos en coaliciones políticas. En ese sentido, Francisco Largo Caballero se pronuncia, en principio, a favor de la participación e Indalecio Prieto asiste, a título personal, en San Sebastián, a la firma de un pacto por el que se perfila la coalición republicano-socialista que resultaría vencedora en las grandes ciudades en las elecciones del 12 de abril de 1931. Largo Caballero, como Ministro de Trabajo, promulga leyes sobre la jornada de ocho horas, salario mínimo, jurados mixtos, asociaciones obreras, etc.

Julián Besteiro no es partidario de implicar a UGT en la política y se distancia de las posturas de sus correligionarios Prieto y Largo Caballero. Esta decisión cuesta a Besteiro el ser desplazado por Largo Caballero en la dirección del PSOE en el Congreso de 1932 (año en el que se celebra el XVII Congreso de UGT, último Congreso sindical en España hasta 1976, y se produce una huelga general contra el golpe de Sanjurjo) y también su salida de la Comisión Ejecutiva del Sindicato al año siguiente, al ganar las tesis de Largo Caballero en una reunión del Comité Nacional (27 de enero de 1934). Con él dejan la Ejecutiva Saborit y Trifón Gómez. Víctima de la impaciencia y la decepción por las limitaciones que impone la vía parlamentaria, Largo Caballero se pronuncia partidario de una toma de poder mediante la acción revolucionaria. No es ajena a esta toma de posición de Largo Caballero su experiencia en el Gobierno como Ministro de Trabajo. En esa época las sociedades obreras estaban acogidas a la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros de 8 de abril de 1932, figurando la mayoría de ellas en un Censo de Asociaciones Obreras llamado “Censo Largo Caballero”. No sólo tenían carácter sindical, sino que eran “el sindicato”, la forma ordinaria de organización de los trabajadores a la que éstos se afiliaban, siendo aquéllas las que posteriormente se afiliaban a UGT. Y los sindicatos de entonces tenían y ejercían funciones de asistencia y socorro de los trabajadores, que llevaban a cabo a través de cooperativas de consumo, de trabajo, de vivienda, sociedades de socorros mutuos, fundaciones con fines asistenciales, etc., constituidas por los propios sindicatos.

En 1934 la situación empeora, con un Gobierno de derechas dispuesto a ir recortando las mejoras sociales conseguidas por los trabajadores en la anterior legislatura, y que se emplea a fondo contra cualquier protesta laboral. Entre el 5 y el 18 de octubre se convoca una huelga general que prende en casi todo el país, particularmente en Asturias, donde la Alianza Obrera (UGT y CNT) se hace con las riendas y se crea una situación revolucionaria que el Gobierno reprime causando numerosas víctimas y practicando un sinfín de detenciones. Largo Caballero es encarcelado y se clausuran las Casas del Pueblo.

La polarización de las fuerzas políticas y sociales facilita la creación del Frente Popular, coalición de los partidos de izquierda, que ganará las elecciones del 16 de febrero de 1936 y que preside Largo Caballero. Pocos meses después empezará la Guerra Civil al sublevarse el General Franco contra la República (lo que motiva un llamamiento de UGT a la huelga general contra el golpe militar), y con la Guerra Civil se inicia un período de extraordinario esfuerzo para el Movimiento sindical, que se ve obligado a renunciar a muchas de las actividades propias de sus Organizaciones en aras de la defensa de la legitimidad nacional. En el umbral del conflicto, UGT contaba en sus filas con cerca de un millón y medio de afiliados, que debían compaginar la doble tarea de combatir en todos los frentes y asegurar la continuidad de la producción industrial y agrícola en la retaguardia.

Los años de la guerra son años de crisis y desgaste dentro del Movimiento sindical, debido, en parte, a las distintas posturas políticas que coexisten en su seno. En septiembre de 1937 la Comisión Ejecutiva de UGT expulsa a nueve Federaciones Nacionales que están descontentas con su gestión (entre ellas, la Federación del «glorioso Sindicato Minero Asturiano», de la que era secretario general Ramón González Peña, Presidente del PSOE); antes de adoptar esta decisión, la Comisión Ejecutiva había suspendido en sus derechos a la Federación de las Artes Blancas de Madrid, una de las de más brillante historial revolucionario.

Anécdotas aparte, para estos sindicalistas, la Guerra Civil, tras la rebelión militar contra la República el 18 de julio de 1936, abre un paréntesis que les obliga a ejercer una lucha doble, en sus puestos de trabajo y en las barricadas, y se cierra con una derrota que obliga a miles de ellos a cruzar la frontera para terminar siendo internados en campos de concentración (como le sucedería al propio Largo Caballero). En 1938 un Pleno ampliado de UGT elige a una nueva Ejecutiva de integración, y en marzo de este año se aprueba un programa de unidad de acción entre UGT y CNT. En el año 1939 son incautados los bienes acumulados por los Sindicatos obreros y comienza la larga noche de la dictadura franquista. El nuevo régimen reprime a las Organizaciones populares y a sus integrantes. Comienzan los juicios sumarísimos contra los que permanecen en la Península. Besteiro es encarcelado y muere en la prisión de Carmona (Sevilla) el 27 de septiembre de 1940. Los que escapan a las iras franquistas intentan organizarse en núcleos de resistencia que dieron lugar al nacimiento de los “maquis», grupos guerrilleros que combatieron en las montañas a lo largo de la década de los cuarenta.

En los años de la dictadura, UGT se dedica, desde su sede de Toulouse, a parar, con el apoyo de la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), el reconocimiento internacional de los «sindicatos verticales» creados por el régimen franquista, a conseguir apoyo y solidaridad de los trabajadores de otras tierras para los esfuerzos de los españoles en sus acciones de protesta o conatos de huelga y a dar publicidad a estos hechos.

También será tarea importante la de propagar en el exterior la información sobre actos de represión del Gobierno franquista. En diciembre de 1959, con motivo de la visita a España del entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, UGT edita en Toulouse una carta de los presos políticos españoles al mandatario norteamericano. En el periodo que abarca de 1944 hasta 1973, UGT celebra 12 Congresos en el exilio.

Mientras tanto, en el interior del país se suceden los intentos de mantener algún núcleo de acción, que terminan casi siempre en su disolución por la policía. Así ocurre en el año 1942. En 1944 se elige una Comisión Ejecutiva provisional, presidida por Gómez Egde, cuyos miembros son detenidos al año siguiente, con solicitud de penas de muerte y treinta años para los dirigentes regionales. Se elige en 1945, año en el que UGT participa en la creación de la Federación Sindical Mundial (FIM), una nueva Ejecutiva que preside Eduardo Villegas. El 23 de marzo de 1946 muere en París Largo Caballero. En ese mismo año se celebra el II Congreso de UGT en el exilio y en medio de una gran tensión se informa de la muerte de varios compañeros encargados de tareas de organización y enlace con el interior, así como de la captura y muerte de algunos delegados a este Congreso.

En Madrid son procesados y condenados los miembros de la segunda Ejecutiva, que preside Villegas. En el año 1947 UGT llama a la huelga en el País Vasco contra los bajos salarios y contra la dictadura franquista. El resultado de éstas y otras acciones es difícil de evaluar por falta de datos que contrasten la información proporcionada por los interesados, pero las cárceles se llenaban con cada acción, y ello es significativo. En 1949, se celebra el III Congreso de UGT en el exilio, año en el que se constituye la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), a la que UGT pertenece y de la que es miembro fundador. En 1951, año del IV Congreso de UGT en el exilio, un comando franquista asalta y destruye las oficinas de UGT en Toulouse y en 1953 (año en que se celebra el V Congreso de UGT en el exilio) Tomás Centeno, presidente de la Sexta Comisión Clandestina de UGT, muere torturado en los sótanos de la Dirección General de Seguridad de Madrid. Entre 1945 y 1953 han sido detenidas y encarceladas cinco Comisiones Ejecutivas de UGT.

A mediados de los 50 (época en la que surgió otro movimiento sindical, Comisiones Obreras) y más concretamente entre 1956 (VI Congreso de UGT en el exilio) y 1958, son convocadas en España varias huelgas, que se saldan con nuevas oleadas de detenciones y torturas. Esta tónica continúa en la siguiente década y se extiende también hasta la misma fecha de la muerte de Franco. Pero, para entonces, ya está todo en marcha para el regreso. En 1959 se celebra el VII Congreso de UGT en el exilio y en 1961, en mayo, se crea formalmente la Alianza Sindical formada por UGT, CNT y STV. En 1962, año de gran convulsión social con multitud de huelgas, se celebra el VIII Congreso de UGT en el exilio. El IX Congreso tendrá lugar en 1965 y en 1968 el X Congreso también en el exilio cuya ejecutiva dimite y se elige otra al año siguiente. En 1971, en agosto, el XI Congreso elige a miembros del interior (clandestinos) y del exterior, entre los que se encuentra Nicolás Redondo. Situación que se reproduce en el XII Congreso, último Congreso en el exilio celebrado en 1973. En este año se constituye la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de la que UGT es miembro fundador.

En los últimos años de la dictadura, como generalización de una amplia conciencia antifranquista, la lucha sindical de 1970 hizo emerger el movimiento obrero de sus reductos de Asturias, Vizcaya, Barcelona y Madrid, para extenderse por las nuevas áreas industriales. Al mismo tiempo, el sindicalismo internacional tomaba conciencia de la proximidad de una transición democrática en España y se movilizaba en apoyo de la UGT. La Organización Internacional del Trabajo -en la que participaba UGT desde 1974- se convirtió en una plataforma de denuncia de la falta de libertades sindicales en España. Los trabajadores europeos de multinacionales con filiales en nuestro país, actuando con una gran conciencia solidaria, realizaron acciones para presionar a las direcciones respectivas a favor de la democratización de España.

Paralelamente en el interior de España, la acción sindical impone nuevos instrumentos de lucha en las empresas, como las asambleas, los jurados y los comités representativos. Las organizaciones obreras se plantean la unidad de acción contra la represión, mediante fondos de solidaridad, comités internos de fábricas, frentes de lucha, coordinadoras locales y plataformas reivindicativas unitarias.

El nuevo análisis de la realidad perfiló la estrategia y táctica de UGT en los últimos años de la dictadura. Las tres líneas principales de actuación se dirigieron hacia la lucha por la democracia y la libertad sindical, la recuperación del papel de UGT en el movimiento obrero español, y la construcción del socialismo.

Asimismo, ante la propuesta del Gobierno de conservar las estructuras de la Organización Sindical franquista, la oposición de UGT jugó un papel esencial. Su iniciativa de celebrar ya en España el XXX Congreso supuso la primera señal de resistencia a la «reforma sindical», planteada por el ministro Rodolfo Martín Villa, por parte de unos sindicatos democráticos que exigían la libertad sindical plena.

Superada esta situación, la continuidad histórica de UGT quedó garantizada y, a partir de ese momento, entre finales de 1976 y durante 1977, el Sindicato experimentó un espectacular crecimiento en influencia y número de afiliados, al presentarse como un Sindicato con historia y apoyos suficientes.

En abril de 1976, entre los días 15 y 18, UGT celebra su XXX Congreso en Madrid, aún en la ilegalidad con el lema “A la unidad sindical por la libertad”. El acontecimiento se celebró en el mismo restaurante madrileño (Biarritz) del barrio de Cuatro Caminos en el que se celebrara en 1932 el último Congreso del Sindicato en España (el XVII). En su discurso a los asistentes, el entonces secretario general Nicolás Redondo propugnó la ruptura política y sindical con el Gobierno de aquel momento, el primero de la monarquía, presidido por Arias Navarro. Además, hizo un repaso de la trayectoria de UGT desde su fundación:

“Desde 1888, la UGT ha jugado un papel protagonista en todas las grandes luchas del proletariado español camino de su emancipación social; utilizando en cada caso el método que parecía más adecuado para la defensa de los intereses obreros, la Unión General ha encabezado indefectiblemente las acciones más trascendentales del movimiento obrero en nuestro país.

El nombre de UGT ha quedado ligado para siempre a jornadas como las de las huelgas revolucionarias de 1910 y 1917; a movilizaciones de masas como las que acarrearon la proclamación de la República en 1931 y el triunfo del Frente Popular en 1936, a insurrecciones populares como la de Octubre de 1934 en Asturias; a la defensa, con las armas en la mano, de la legalidad republicana entre 1936 y 1939, y a la infinidad de acciones de resistencia antifascistas realizadas sin interrupción durante los últimos 40 años y que van desde la lucha de guerrillas hasta los más recientes movimientos huelguísticos registrados por todo el país.

A este respecto, no podemos ni debemos olvidar que a lo largo de todo este recorrido, UGT se encontró siempre codo con codo con el Partido Socialista Obrero Español, que compartiendo con nosotros, principios, aspiraciones y praxis democrática, representó en todo momento el complemento a nivel político de nuestra acción sindical”.

El 23 de julio de 1976, UGT, Comisiones Obreras y USO participan en la creación de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que UGT abandona al año siguiente. El 26 de febrero de 1977 se celebra una reunión-cena en Ginebra entre el entonces Ministro de Relaciones Sindicales de UCD Enrique de la Mata Gorostizaga y miembros de UGT, en presencia de Otto Kersten, Secretario General de la CIOSL. Unos días antes, el 20 de febrero, UGT y Comisiones Obreras habían hecho público su censo de afiliados. A 1 de enero de 1977 la primera central sindical aseguraba contar con 60.000 afiliados y la segunda con 94.325.

Por otro lado, éste de 1977 fue un año rico en acontecimientos para el mundo sindical español. Las principales centrales sindicales actuaban abiertamente y el Gobierno hacía la vista gorda, mientras en el Parlamento se discutía un Decreto-Ley de Relaciones Sindicales, que se aprueba el 30 de marzo, y que reconocía la libertad de asociación sindical. El 28 de abril se legalizan los sindicatos UGT, CC.OO. y USO. No sería, sin embargo, hasta que Nicolás Redondo, encabezando una delegación sindical española, ocupara en la LXII Conferencia Internacional de la OIT el lugar que cuatro décadas antes había pertenecido a Francisco Largo Caballero que los Sindicatos quedaron «de facto» legalizados en España. Eso ocurría a fines de junio de 1977, tres meses después de que fuera legalizado el PCE (Partido Comunista de España). A partir de ese momento, comienza la pugna por la hegemonía sindical, que ese mismo año se ponen a preparar elecciones en diversas empresas. El 15 de junio, coincidiendo con las primeras elecciones democráticas, se deroga la cuota sindical obligatoria.

En enero del 77 se presenta en Madrid, en el cine Capri, el sector «histórico» de UGT, presidido por Juan Gómez Egido. Como la historia de UGT sigue un curso paralelo con la del Partido Socialista Obrero Español, no es de extrañar que, a raíz del Congreso del Partido que se celebró en Toulouse en 1972, en el que vencieron los «socialistas del interior», y al desgajarse el PSOE en dos sectores (el «renovado», dirigido por Felipe González, y el «histórico» dirigido por Rodolfo Llópis), su brazo sindical corriera la misma suerte. Otra escisión, esta vez protagonizada por la Unión Sindical Obrera, serviría para incrementar el censo de UGT y, así, a finales del 77, en un Congreso Extraordinario Unificación UGT-USO, una gran fracción de USO, encabezada por José María Zufiaur, se integró en el sindicato. Los días 30 y 31 de julio tiene lugar un Congreso extraordinario de UGT como continuación del XXX Congreso.

Tras la legalización de las Centrales sindicales Nicolás Redondo anuncia, en julio de 1977, que se han repartido 700.000 carnets de UGT y cuentan con 500.000 afiliados que cotizan. Diez años después, en octubre de 1987, UGT tenía más de 660.000 afiliados en toda España. Al finalizar el año 2000, eran más de 750.000 los afiliados-cotizantes. Y según el Fichero de Afiliación de UGT a marzo de 2005, el Sindicato contaba con 888.414 afiliados.

1978 es el año en que se normaliza políticamente el país con la aprobación de la Constitución en referéndum celebrado el 6 de diciembre. Y en el plano sindical, ese mismo año se celebra el primer 1º de Mayo en la legalidad conjuntamente por las centrales sindicales más representativas con manifestaciones en todo el país. A la de Madrid asistieron casi un millón de personas. También se celebran las primeras elecciones sindicales a lo largo del año 1978, iniciándose el proceso en Málaga entre el 25 de enero y el 1 de febrero y en Cataluña durante la primera semana de febrero. De un total de 193.112 Delegados elegidos, las cifras oficiales adjudicaban 66.540 a Comisiones Obreras; 41.897 a UGT; 7.474 a la Unión Sindical Obrera; 1.931 a ELA; 35.000 a “No afiliados” y 40.270 aparecían bajo el concepto de “otros”. Dos años después, en 1980, y tras la elección de 164.617 Delegados en toda España, UGT ampliaba su representación, según los datos oficiales, a 48.194 y Comisiones Obreras lograba 50.817 Delegados.

Mientras tanto, en ese mismo año, del 25 al 28 de mayo, se celebra el XXXI Congreso de UGT, en esta ocasión en Barcelona, con el lema “…y la lucha sindical continúa”. Y dos años más tarde, del 3 al 6 de abril de 1980, se celebra el XXXII Congreso por “Un sindicalismo para todos”. El 10 de julio de 1979 UGT y la patronal CEOE firman el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI). Este acuerdo fue un antecedente directo del Estatuto de los Trabajadores y sentó las bases del nuevo sistema de relaciones laborales en el que la negociación colectiva desempeña un papel central. Los firmantes del ABI defendieron la autonomía de los interlocutores sociales como uno de los aspectos principales en un sistema democrático de relaciones laborales y el papel fundamental que el sindicato debe jugar también en el ámbito de la empresa. Y este año Manuel Simón y Nicolás Redondo son elegidos miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos. El 5 de enero de 1980 UGT y CEOE firman el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) y el 1 de marzo de ese mismo año el Estatuto de los Trabajadores (ET). Al año siguiente, el 9 de junio de 1981, se firma el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) entre UGT, CC.OO., CEOE y Gobierno.

En 1982 se vuelven a celebrar elecciones sindicales. Según los datos oficiales, de los 140.770 Delegados elegidos 51.672 corresponden a UGT; 47.016 a Comisiones Obreras; 6.527 a la Unión Sindical Obrera; 4.642 a ELA; 1.651 a la Intersindical Galega; 12.233 a “otros” y 17.024 a “No afiliados”. En 1984 no se celebran elecciones sindicales a nivel nacional porque la legislación en este aspecto cambia y amplía el mandato de los Delegados sindicales a cuatro años.

En 1983, se firma el Acuerdo Interconfederal (AI) el 15 de febrero, y del 1 al 5 de junio, UGT celebra su XXXIII Congreso “Desde el poder sindical, a la solidaridad”. En este año se aprueba por Ley la jornada máxima semanal de 40 horas. Al año siguiente, el 9 de octubre de 1984, UGT, CEOE y Gobierno firman el Acuerdo Económico y Social (AES). Y en 1985 se aprueba la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).

En 1982, España vuelve a tener un Gobierno de izquierdas tras el triunfo electoral del PSOE el 28 de octubre, que abre grandes expectativas en el país, sobre todo en los sectores progresistas que esperan un cambio, pero no tardan en aparecer las fricciones entre los sindicatos y el Gobierno que preside Felipe González por su política excesivamente liberal del área económica. Las primeras desavenencias serias de UGT con el Gobierno socialista datan de 1985, cuando es aprobado el decreto-ley de reforma de la Seguridad Social (siendo Ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer) y son recortadas las pensiones. Carlos Solchaga, que reemplazó a Boyer en el cargo en julio del 85, se convertiría con el tiempo en la bestia negra de los ugetistas. No es ningún secreto que, desde los despachos del PSOE, en el año 85, se andaba buscando sucesor a Nicolás Redondo en la Secretaría General del Sindicato. Sin embargo, el XXXIV Congreso de UGT (“El Sindicato para la nueva sociedad”), celebrado entre el 2 y 6 de abril de 1986, no dejó transpirar las tensiones existentes entre unos y otros (era año de elecciones generales) y el informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal fue aprobado por unanimidad.

Después de las elecciones generales, que dan de nuevo la victoria al PSOE, las relaciones de UGT con el Partido sufren altibajos, hasta desembocar, en 1987, en una cadena de dimisiones en el Partido y en el Sindicato provocada por el debate en el Parlamento de los Presupuestos de 1988.

En octubre de 1986 se entregan a UGT 6.074 millones de pesetas en concepto de devolución del Patrimonio Sindical incautado al fin de la Guerra Civil, con arreglo a un inventario elaborado por el Gobierno. Previamente, en septiembre del mismo año, UGT había recibido 4.144 millones.

Las diferencias entre UGT y el Gobierno se recrudecieron ante el debate del proyecto de Ley de Presupuestos para 1988, en lo que se refiere a salarios, pensiones y desempleo. Se produjeron entonces una cadena de dimisiones. El primero fue Nicolás Redondo, que votó en contra del proyecto de Ley. A partir de ese momento se sucedieron las dimisiones de sus escaños en el Congreso y Senado de sindicalistas elegidos en las listas socialistas, como la del propio secretario general de UGT, Nicolás Redondo, y del secretario de Organización, Antón Saracíbar. A éstas siguieron las dimisiones de Emilio Castro, secretario de Acción Institucional, y en octubre de 1987 Cándido Méndez, secretario general de UGT en Andalucía, hace lo propio en el Parlamento Andaluz. Juan Cuenca, senador socialista y secretario de Formación en UGT-Granada, es expulsado de la Ejecutiva del Sindicato por votar a favor de la ley de reforma de las pensiones, Juan Mazarrasa, responsable confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT, y José Luis Corcuera, secretario confederal de Acción Reivindicativa, abandonaron sus puestos en el Sindicato en beneficio del Partido, al igual que Justo Zambrana dimite de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Comisión Ejecutiva de UGT para dedicarse al Partido y conservar su escaño. Así las cosas, UGT caminaba hacia la celebración de su Centenario en un clima de incertidumbre en cuanto a su eterno debate sobre la relación Sindicato-Partido y con dos crisis concretas en sus Federaciones de Metal y de Minería.

La crisis en la Federación de Minería coleaba desde enero de 1986, cuando se llegó a la disolución del SOMA-UGT porque, según decía el secretario general de la Federación, Antón Saavedra, «el SOMA recibe órdenes de arriba». En septiembre del 87, durante la reunión del Comité de la Federación Estatal, se lanzaron desde este Sindicato ataques al PSOE y dos diputados socialistas fueron declarados «personae non gratae» por los asistentes. En cuanto al Metal, estaban todavía recientes las heridas provocadas en la Federación por el antagonismo entre los partidarios del hasta entonces secretario general Antonio Puerta (inhabilitado en su cargo con toda la Ejecutiva) y del candidato a la misma Secretaría Manuel Fernández López «Lito».

En este convulso año de 1988 UGT conmemoraba sus primeros cien años de vida. En palabras del entonces secretario general del Sindicato, Nicolás Redondo, “UGT conoció todos los avatares de la propia evolución histórica de España en dicho lapso de tiempo, un período cuajado de conflictos de todo género, especialmente sociales, en que la clase trabajadora ha tenido que luchar muy duramente: primero, para poder organizarse, saliendo de su postración y venciendo para ello las prohibiciones y trabas que impedían el derecho mismo de sindicación, hasta lograr su reconocimiento, y después, para ir conquistando, poco a poco, condiciones de vida y de trabajo más dignas, más humanas, con las que superar aquellas escandalosas situaciones de miseria, explotación e indefensión de las que partía. En este duro proceso recorrido por el Movimiento Obrero, UGT es una pieza clave, un factor esencial, al haber constituido el primer núcleo de Organización consistente de los trabajadores de nuestro país…”.

Por resolución de la Comisión Ejecutiva Confederal se crea a finales de 1987 la Comisión Permanente del Centenario, integrada por algunos miembros de la CEC y por representantes de la Unión Regional de Madrid y de las Federaciones Estatales de Industria, con el fin de coordinar las actividades que se desarrollarían ese año. Uno de los primeros actos fue la presentación el 8 de marzo del sello conmemorativo del centenario, de un valor de 20 pesetas, en los salones de la central de Correos de Madrid. El 18 de abril, el Ateneo de Madrid sería el escenario de presentación del Patronato del Primer Centenario de UGT cuyo presidente de honor fue Ramón Rubial Cavia y presidente ejecutivo el entonces secretario general de UGT, Nicolás Redondo, al que asistirían en sus funciones 13 miembros, tanto del PSOE como del Sindicato. Entre los múltiples actos culturales, deportivos y sociales realizados por toda la Organización a lo ancho y largo de toda la geografía española, cabe destacar la inauguración, el 28 de junio, de la Escuela de Formación Sindical “Julián Besteiro” en Madrid.

Pero el acto cumbre fue sin duda la Fiesta del 1º de Mayo, en la Casa de Campo de Madrid, que duró cuatro días. Fue una fiesta de confraternización de sindicalistas y socialistas como se apreció en la delegación del PSOE encabezada por Ramón Rubial, presidente del PSOE, y los miembros de la Ejecutiva socialista Carmen García Bloise, Enrique Múgica y Francisco Fernández Marugán. Comisiones Obreras envió una representación encabezada por su secretario general, Antonio Gutiérrez, además de Agustín Moreno y Julián Ariza. El Gobierno socialista estuvo representado por los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves; de Interior, José Barrionuevo, y Javier Solana, de Cultura.

En su discurso Nicolás Redondo exigió al Gobierno que prestase una mayor atención a los sectores más desfavorecidos, parados, asalariados, pensionistas, y quienes han llevado la parte más dura de la recuperación económica. Recordó que el Gobierno tiene una deuda con todos los sectores que le han apoyado: dar un giro social a su política y esto es posible porque a situación económica lo permite. Más adelante señalaba que “no se va a hacer una política de progreso sin contar con nosotros” y se adentró en referencias a las difíciles relaciones entre el Sindicato y el Partido que han tenido “altibajos y enfrentamientos, pero que no deben dramatizarse”. “Queremos relaciones fraternales, pero determinando la acción sindical nosotros”. Se refirió a las movilizaciones que se estaban efectuando en distintos sectores tendiendo un puente al Gobierno para que negociase.

Pero la ausencia en este 1º de Mayo del presidente del Gobierno, Felipe González, atisbaba la ruptura entre el Gobierno socialista y el Sindicato, que implicaría también a las relaciones Sindicato-PSOE. Las desavenencias entre UGT y el PSOE originaron un acercamiento progresivo entre los dos Sindicatos mayoritarios. El año 1988 fue el de la unidad de acción UGT-CCOO, a través de la Propuesta Sindical Prioritaria, y el de la Plataforma Sindical Unitaria, en la que trabajaron comisiones técnicas de ambos sindicatos. También ese fue el año de la denuncia de UGT a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno por los acuerdos Administración-Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y el de la primera huelga general (14 de diciembre) desde 1934. Esa huelga de 24 horas paralizó el país y contó con el apoyo de aproximadamente ocho millones de trabajadores. La siguiente huelga general de 24 horas y cierta enjundia (hubo otras de menor duración, como la del 28 de mayo de 1992) tuvo lugar el 27 de enero de 1994, contra la creación de las ETT, la introducción del contrato de aprendizaje (PEJ), la movilidad geográfica y funcional, la flexibilización de la contratación a tiempo parcial…, cuando pararon un 90% de los trabajadores según los Sindicatos y tan sólo un 30% según los empresarios. El 17 de junio de 1991 el Plan de Competitividad del Gobierno (rebautizado como “Pacto Social de Progreso”) es rechazado por UGT.

Así las cosas, se acercaba el día de la jubilación del hombre que durante 18 años había conducido a UGT desde la clandestinidad al puesto de Sindicato mayoritario del país en la década de los ochenta. A sus 66 años, Nicolás Redondo decidió que en el 36 Congreso Confederal no se presentaría a la reelección. Este Congreso Confederal de UGT se celebró del 7 al 10 de abril de 1994 entre insultos de los afectados por la crisis de la PSV en el exterior y apagones y llamamientos a la unidad en el interior del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. Estos llamamientos de Nicolás Redondo a la unidad interna del Sindicato estaban más que justificados, pues hasta el último momento no se despejó la incógnita sobre la posible presentación de dos listas para la sucesión del secretario general saliente, una encabezada por Cándido Méndez (UGT-Andalucía) y la otra por Manuel Fernández «Lito» (UGT-Metal), que en el último momento anunció que no se presentaría, dejando así el paso libre a Cándido Méndez, que tuvo el apoyo del 75% de los votos, frente a la abstención del otro 25%. Redondo no había sido capaz de imponer su autoridad arbitral para lograr un consenso en la pugna abierta por la sucesión y eso habría de pagarlo el Sindicato unos meses más tarde cuando la decisión de la Ejecutiva Confederal de cesar en sus funciones a tres disidentes de ese órgano directivo (José Luis Daza, secretario de Acción Sindical; Gustavo Gardey, secretario de Acción Social, y la vocal Dionisia Muñoz) y la posterior desautorización por el Comité Confederal desembocaba, el 25 de febrero de 1995, en la convocatoria de un Congreso extraordinario, para el 29 de abril siguiente, en el que se elegiría un nuevo secretario general, permaneciendo en funciones hasta dicha fecha Cándido Méndez.

En ese Congreso extraordinario sería reelegido Cándido Méndez por 431 votos frente a los 369 obtenidos por Manuel Fernández «Lito», que sí presentó su candidatura en esta ocasión. La participación fue absoluta, sin votos nulos ni en blanco. La presentación de dos candidaturas en el Congreso planteó una situación insólita a los ochocientos delegados asistentes, quienes por primera vez en la historia del centenario Sindicato, se veían obligados a elegir entre dos posibles secretarios generales.

El 2 de febrero de 1995 los grupos parlamentarios del PSOE, PP, IU y CiU firmaron en Toledo, para el mantenimiento del sistema de pensiones, el denominado “Pacto de Toledo”. Y el 25 de enero de 1996 se firma el Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC-I). Un acontecimiento sindical de gran importancia se produjo el 16 de marzo de 1997 con la primera “euromanifestación” de la historia convocada por las dos centrales sindicales mayoritarias belgas en la que participó UGT. El 28 de abril de 1997 UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME firman el Acuerdo para la Estabilidad del Empleo y la Negociación Colectiva.

Del 11 al 14 de marzo de 1998 se realizó el 37 Congreso Confederal que se desarrolló bajo el lema “UGT por las 35 horas. Empleo y Solidaridad” y en él fue reelegido (con el 86’01% de los votos) como secretario general, Cándido Méndez.

El 20 de abril, UGT y CC.OO. comienzan las movilizaciones a favor de la semana laboral de las 35 horas y una mejora en la protección a los parados. El acto más importante se celebró en Madrid con una concentración estatal de delegados, con el lema «Por el empleo y la solidaridad». El 3 de diciembre culminan con grandes manifestaciones en todas las Comunidades Autónomas un proceso de movilizaciones contra la política económica del Gobierno del PP, iniciadas el 3 de noviembre.

En el año 1999 las concentraciones unitarias de UGT y CC.OO., a favor de mejoras económicas y sociales para los desempleados, tuvieron su exponente más significativo en la concentración del 16 de diciembre ante el Congreso de los Diputados. Esta movilización formó parte de la campaña «Más subsidio, más empleo», que ambos Sindicatos desarrollaron en el conjunto del país para reclamar derechos y solidaridad con las personas en paro.

El 24 de enero de 2000 inicia su andadura la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculada a UGT, y que agrupa a comerciantes, titulados y operarios, con lo que se cumple un mandato del 37 Congreso Confederal, en el que se decidió la necesidad de aglutinar al mundo excesivamente disperso de los autónomos.

Ese mismo mes, en concreto el día 26, Cándido Méndez presenta a los cuadros de UGT la campaña «Garantía para todos, de empleo y protección», en un acto sindical celebrado en la sede de UGT en Madrid. Esta campaña tuvo como objetivo trasladar al conjunto de los afiliados al Sindicato, a los trabajadores y a la opinión pública en general la valoración de UGT sobre la primera legislatura del PP y difundir las propuestas del Sindicato para mejorar el empleo y la protección social. Se suceden manifestaciones contra los “globos sonda” que lanza el Ejecutivo. Así, el 10 de febrero se inician las movilizaciones contra el Reglamento de Fundaciones Sanitarias Públicas, que culminarán con una gran manifestación que convocó para el día 28 de ese mes, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

El 1 de junio se inicia el Diálogo Social propuesto por el presidente del Gobierno, José María Aznar, a empresarios y Sindicatos, en torno a siete mesas: la adaptación del acuerdo para la estabilidad del empleo; la renovación del Pacto de Toledo; la reforma del servicio público de empleo; la mejora en la prevención de riesgos laborales; la extensión del trabajo a tiempo parcial; el desarrollo de las políticas activas y la nueva Formación Profesional.

El 10 de octubre, UGT y CC.OO. aprobaron las Propuestas Sindicales de Negociación en el Diálogo Social con CEOE, en las que se renegociarán y ampliarán los Acuerdos Interconfederales para la Estabilidad del Empleo (AIEE) y sobre Negociación Colectiva (AINC) firmados en 1997 y que finalizan su vigencia en mayo de 2001.

La Europa Social y del pleno empleo y la integración de la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado, fue el eje de la convocatoria que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reunió a más de 60.000 sindicalistas en una Euromanifestación en la ciudad de Niza que acogió la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países de la Unión Europea.

El 13 de diciembre, UGT y CC.OO. convocaron movilizaciones en 42 de las principales ciudades del país, en defensa del Diálogo Social, iniciado entre Sindicatos, empresarios y Gobierno en el mes de junio, ante el bloqueo y las interferencias del Gobierno en el mismo. El lema de las manifestaciones fue “Por un trabajo digno y seguro. Salarios suficientes y mejora de la protección social”.

El 14 de diciembre, los empleados públicos secundan una huelga general convocada por los Sindicatos de la Función Pública contra la decisión del Gobierno de aplicar una subida salarial para 2001 del 2% (cuando la inflación de 2000 estuvo en el 4,1%), por el derecho a la negociación colectiva, por la cláusula de revisión salarial, por un empleo público de calidad, por los salarios, contra la movilidad geográfica impuesta, contra la tasa de reposición, por unos servicios públicos estables, profesionales y de calidad.

El 19 de diciembre, se firma el III Acuerdo Nacional de Formación Continua. Un año más, la violencia terrorista de ETA no cesa y UGT y CC.OO., en una reunión mantenida el 20 de diciembre en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo firmado por el PP y el PSOE el 8 de diciembre, apoyaron este Acuerdo y se comprometieron a difundirlo entre los trabajadores de nuestro país y hacerlo llegar a los ámbitos europeos e internacionales.

El 31 de enero de 2001, los máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME (Cándido Méndez, José María Fidalgo, José Mª Cuevas y Antonio Masa) firmaron la renovación del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC-II). Se producen en estos primeros meses, y continuarían el resto del año, movilizaciones de funcionarios que exigían se les abonasen los atrasos de la congelación salarial impuesta por el Gobierno desde 1997 y que avaló una sentencia de la Audiencia Nacional. También se produce una huelga general en la Construcción (2 de marzo) por el alto índice de siniestralidad y precariedad laboral en el sector. En otro plano, el terrorismo de ETA se intensifica con el asesinato de varios sindicalistas e incendiados o atacados varios locales sindicales, lo que motiva la firma el 28 de marzo de una declaración común del movimiento sindical franco-español “Por las Libertades y contra el Terrorismo” por la que se comprometen a impulsar entre los trabajadores del País Vasco, así como en el resto de España y Francia, cuantas iniciativas sean necesarias para luchar contra ETA y en defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.

El Gobierno plantea un diálogo social retórico mientras adopta decisiones como la aprobación unilateral de un Real Decreto (el 5/2001, de 2 de marzo), el “Aznarazo”, de reforma laboral, con importantes supresiones de derechos individuales y colectivos en materia de contratación, que es aprobado el 27 de junio por el Congreso de los Diputados y que entró en vigor el 11 de julio, con los votos a favor del PP, CiU y CC y el rechazo de la oposición salvo el PNV, que se abstuvo. Mientras tanto, el 6 de abril el Consejo Confederal de UGT rechaza firmar el preacuerdo de Pensiones a que han llegado el 30 de marzo CC.OO., el Gobierno y la patronal. Asimismo, el Gobierno sigue con sus reformas sin contar con los sindicatos, como el caso de la reforma de la Negociación Colectiva (cuya negociación se inició el 29 de mayo y duraría varios meses ). Esta situación supuso un debate en UGT sobre la necesidad de articular respuestas frente a las pretensiones de la patronal por aumentar la desregulación en los derechos laborales y las imposiciones regresivas del Gobierno. Una respuesta que debía conducir a la movilización general que tenga como horizonte un Paro General de 24 horas (al que no se suma CC.OO.) que finalmente no llega a producirse, aunque sí hubo importantes movilizaciones.

En abril, del 15 al 18, se cumple el 25 Aniversario del XXX Congreso de UGT, el primero que realizó una organización democrática tras el paréntesis de la dictadura. UGT y CC.OO. celebran, pese a las discrepancias, el 1º de Mayo con manifestaciones conjuntas, aunque con manifiestos diferentes, bajo el lema “Empleo estable, seguro y con derechos”.

Por la situación creada en el terreno sociolaboral por la política regresiva del gobierno del PP, que rompió el modelo de diálogo social existente hasta la fecha, optando por la imposición de medidas sociolaborales regresivas, el 21 de junio, más de 20.000 delegados sindicales de UGT de toda España se concentran en la Plaza Mayor de Madrid, convocados por UGT, en un multitudinario Acto Sindical “Por el empleo estable, seguro y con derechos”. “Por la mejora real de la protección social” y “En defensa de la negociación colectiva”. Este acto sindical, viene a sumarse a la huelga general en Galicia (15 de junio), movilización general en Asturias (14 de junio), referéndum en Cataluña (22 de mayo), “Marcha Aragonesa por la Dignidad del Empleo” (septiembre), recogida de firmas y multitud de asambleas informativas. El Gobierno, insensible a estas movilizaciones, insiste en su política de recortes y se plantea el recorte del seguro de desempleo que daría lugar una intensa campaña sindical en los meses siguientes.

El 31 de julio entra en vigor el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, una Ley que suscita el rechazo público de la oposición política y sindicatos.

El 11 de septiembre se produce un atentado que derribó las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y desde la Secretaría General de UGT se publica una Circular (27 de septiembre) que analiza este acontecimiento y sus posibles repercusiones. El 20 de septiembre, UGT presenta en el Congreso la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) elaborada por el Sindicato, y aprobado por el VII Comité Confederal celebrado los días 27 y 28 de junio, en la que se defiende la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, la estabilidad y calidad de empleo, la seguridad laboral y la reducción de la jornada a 35 horas semanales.

La enseñanza está en pie de guerra a favor de una verdadera Ley de la Calidad de la Enseñanza que motivó una huelga general en la enseñanza no universitaria el 29 de octubre. El 1 de noviembre, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) pasa el trámite del Congreso con el respaldo de PP, CiU y Coalición Canaria. La contestación de los estamentos universitarios -Rectores, profesores, alumnos, personal de administración y servicios (PAS)- fue contundente, llegándose incluso a considerar dichas protestas como las más importantes desde la Transición (huelga general en Enseñanzas Medias y Universidad el día 28 de noviembre y una marcha sobre Madrid el 1 de diciembre).

El 13 de noviembre, más de 10.000 delegados sindicales de la Función Pública se concentraron ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, convocados por UGT y CC.OO., ante la intransigencia de la Administración que niega a los empleados públicos subidas salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido durante varios años.

El 20 de diciembre, tras unas tensas negociaciones de meses con continuas interferencias del Gobierno, se firma el Acuerdo Interconfederal sobre criterios, orientaciones y recomendaciones para la negociación colectiva del año 2002 negociado entre UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME.

Nicolás Redondo. Escritos y Discursos 1976-1994En el año 2002, el 5 de marzo, en la Escuela Julián Besteiro, de Madrid, se presentó el libro “Nicolás Redondo. Escritos y Discursos. 1976-1994” con la presencia del propio autor, el ex Secretario General de UGT, Nicolás Redondo, y del entonces Secretario General, Cándido Méndez.

El 14 de marzo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó en Barcelona, en víspera del Consejo Europeo sobre empleo bajo presidencia española, una euromanifestación para reivindicar “Más Europa” y a la que asistieron alrededor de 300.000 manifestantes, convocados por los sindicatos europeos entre los que se contaban los sindicatos españoles UGT y CC.OO.

Durante los días 13 a 16 de marzo se celebró en Madrid el 38 Congreso de UGT bajo el lema de “Tu Fuerza, la Unión; Nuestra Fuerza, la Igualdad”, que definió las políticas de UGT para los siguientes cuatro años, y los Delegados asistentes plantearon la conveniencia de que su acción sindical traspase las fronteras nacionales e impulse los comités europeos. En este Congreso, UGT se dota de un Programa Fundamental para varios años, además de un Programa de Acción que servirá de pauta de congreso a congreso y es reelegido Cándido Méndez como secretario general.

El 17 de abril, el Gobierno entrega a los sindicatos el documento “Medidas de Reforma de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo”, que significan para UGT y CC.OO. recortes injustificados e injustos, indignos e intolerables. La conclusión de los sindicatos es de que no se trata de un proceso de diálogo ni de negociación, puesto que la estructura básica de la reforma, los principios, ya están decididos por el Gobierno.

El 1 Mayo unitario tuvo como lema “mejora de la protección por desempleo, YA”.

El 13 de mayo se rompe el diálogo social. UGT y CC.OO. pidieron a los responsables de Trabajo la retirada del paquete de reformas en materia de protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo como paso imprescindible para que se pudiera iniciar un proceso de negociación, pero el Gobierno hizo caso omiso. El 23 de mayo, el Comité Confederal de UGT y el Consejo Confederal de CC.OO. aprobaron coordinadamente y por mayoría absoluta la convocatoria de una Huelga General para el 20 de junio. Como respuesta, por la vía de la máxima urgencia, el Consejo de Ministros del viernes 24 aprueba la norma que modifica la cobertura a los parados y reduce los costes de despido mediante la eliminación de los salarios de tramitación, lo que los sindicatos denominaron «decretazo” del Gobierno.

El 20 de junio se realizó la Huelga General contra el decreto de desempleo que fue total en la industria; generalizada en la construcción y parcial en los servicios, y la policía –que tenía órdenes expresas- reprimió duramente a los piquetes informativos. UGT y CC.OO. calificaron la jornada de paro de «éxito total»; mientras que el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, afirmó a primera hora de la mañana: «No hay huelga general». A pesar de la disparidad de cifras, tanto el Gobierno como los sindicatos coincidieron en que la comunidad autónoma donde la huelga tuvo un seguimiento más amplio fue Andalucía, la más afectada también por la reforma del subsidio agrario. Las 90 concentraciones que acompañaron a la huelga, que fueron especialmente concurridas en Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Vigo, reunieron en total a más de dos millones de personas. Tras la huelga, los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez y José María Fidalgo, remitieron una carta el día 27 de junio al presidente del Gobierno, José María Aznar, en la que le reclaman tener de inmediato un encuentro personal para abordar y resolver el desencuentro entre los sindicatos y el Ejecutivo a través del diálogo y la negociación. El sábado, 5 de octubre, como continuación de las protestas contra el “decretazo”, más de quinientas mil personas, sindicalistas llegados desde todo el país, se concentraron en un ambiente festivo en la Puerta de Alcalá de Madrid en uno de los mayores actos sindicales de la democracia con el lema “Por la derogación del ´decretazo`, que recorta prestaciones, elimina derechos y abarata el despido”. El Gobierno, días después, a través del Grupo Popular, introdujo cambios sustanciales en el “decretazo”. Las 24 enmiendas aceptadas por el PP recogieron siete de las ocho modificaciones exigidas por los sindicatos con una excepción, las restricciones al subsidio agrario, que daría lugar a importantes movilizaciones de jornaleros y alcaldes de los municipios andaluces y extremeños.

El 29 de octubre se convoca Huelga General en la Enseñanza pública no universitaria, con manifestaciones y/o concentraciones en todas las capitales de provincia, contra la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) con participación de cerca de medio millón de docentes y unos cuatro millones de estudiantes convocados por todos los sindicatos de la enseñanza, Sindicato de Estudiantes, asociaciones estudiantiles, y con el respaldo de asociaciones de padres y Movimientos de Renovación Pedagógica.

El 19 de noviembre se produce en las costas gallegas el hundimiento del petrolero “Prestige” que causa una catástrofe ecológica sin precedentes con el vertido de miles de toneladas de fuel y que moviliza a todo el país, y sobre todo a Galicia, escenario de multitudinarias manifestaciones convocadas por la Plataforma cívica “Nunca Máis” formada, entre otros colectivos, por los sindicatos.

El 14 de diciembre entra en vigor la Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, el “decretazo”, aprobada el 28 de noviembre por el Congreso de los Diputados con las reformas que el Gobierno trató con los sindicatos tras la huelga general del 20 de junio, aunque sin tocar la nueva regulación referente al subsidio agrario. Este fue el motivo que llevó a PSOE, IU, PNV y BNG a rechazar la norma, que tampoco gustó a UGT y CC.OO., derogando el Real Decreto-Ley de 24 de mayo que aprobó el Gobierno sobre el mismo tema.

El 25 de enero de 2003, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, presentó a los sindicatos el proyecto de decreto que regula la renta agraria, la nueva prestación diseñada para los jornaleros que se quedaron sin subsidio agrario tras el “decretazo” de mayo de 2002 y que sustituye al PER (Plan de Empleo Rural). Esta propuesta supuso que tanto UGT como CC.OO. desconvocaran este día la huelga general del campo que tenían previsto realizar el 20 de febrero en Andalucía y Extremadura.

El 28 de enero, tanto el Comité Confederal Extraordinario de UGT y el Consejo Confederal de CC.OO. dieron el visto bueno a la firma del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva para 2003 firmado el día 30 con las patronales CEOE y CEPYME. UGT decidió la convocatoria de movilizaciones para el mes de marzo (día 12) encaminadas a exigir un incremento de las pensiones en línea con la UE y mostrar su desacuerdo con que el cálculo de las prestaciones se haga por toda la vida laboral del trabajador, movilizaciones que se hicieron también el 4 de junio en Madrid. El 29 de enero, en el pleno de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CNSST) se ratificó el preacuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales (“Propuesta de la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales”).

El 23 de febrero un millón de personas se manifestaron en Madrid, coincidiendo con los 100 días del hundimiento del petrolero “Prestige”, que inundó de chapapote las costas gallegas, exigiendo que se conociera la verdad y pedir responsabilidades políticas por la catástrofe.

Mientras tanto, en la escena nacional e internacional irrumpe la amenaza de una intervención armada en Irak, que motivó que el 15 de febrero de este mismo año se produjeran manifestaciones multitudinarias en todo el mundo, especialmente en España uno de los países que apoyó la guerra junto a EE.UU. e Inglaterra. El 15 de marzo, apoyada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y todas sus organizaciones afiliadas, más de 300 organizaciones sociales, entre las que se encontraban UGT y CC.OO., participaron en toda España en las manifestaciones contra la guerra de Irak en la que participaron más de 5 millones de personas. El día anterior, viernes 14, todos los trabajadores europeos convocados por la CES (convocatoria que se repetiría los días 21 y 26) pararon durante 15 minutos, por primera vez en su historia, el día que estaba previsto se reuniera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra la inminente declaración de guerra. El 20 de marzo, tras la cumbre de Azores, se inicia la guerra contra Irak sin el respaldo de las Naciones Unidas, lo que provocó se sucedieran en España, al igual que en todo el mundo, manifestaciones diarias, concentraciones ante las embajadas, instituciones políticas,… organizadas por movimientos sociales, partidos políticos, plataformas culturales y sindicatos a fin de parar la guerra.

El 27 de marzo, el Consejo Confederal de UGT convoca Huelga General de 2 horas (por turno) a celebrar el día 10 de Abril contra las repercusiones laborales, económicas y sociales de la guerra en Irak. CC.OO. se desvinculó de esta huelga decidiendo como alternativa un paro de 15 minutos. Esta Huelga General (con una participación de más del 70% de los trabajadores) se completó con un compendio de actividades de movilización ciudadana: marchas de estudiantes, concentraciones, caceroladas, etc., que concitó a millones de personas. Este clamor contra la guerra continuó siendo el referente del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo lema fue “Respeto a la salud y seguridad. Por el respeto a la paz. No a la Guerra” y del 1º de Mayo, “Por la Paz y el Empleo. No a la Guerra”. Esta ola pacifista crispa al Gobierno del PP que temía que su participación en la guerra le pasase factura en las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo.

Cándido MéndezEl 29 de mayo El secretario general de UGT, Cándido Méndez, es elegido presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en el 10º Congreso de esa Confederación celebrado en Praga con 353 votos a favor sobre un total de 385 votos emitidos, sustituyendo al austriaco Fritz Verzetnitsch. El británico John Monks, con 333 votos, fue elegido como secretario general en sustitución de Emilio Gabaglio. Méndez es el primer español que ocupa este cargo en los 30 años de historia de la CES en la que están representadas más de 70 organizaciones sindicales de 34 países y alrededor de 60 millones de trabajadores europeos.

El 4 de octubre, coincidiendo con el semestre de presidencia italiana de la Comunidad Europea, la Confederación Europea de Sindicatos convocó una euromanifestación organizada por los sindicatos italianos CISL, CGIL y UIL, y que bajo el lema “Empleo, Derechos, Solidaridad: Por la Europa Social ¡Ahora!” reivindicó una dimensión más social para una Europa que se ampliará de 15 a 25 países. Un objetivo que debería figurar como prioritario en la Constitución Europea en fase de elaboración. Y coincidiendo con el II Foro Social Europeo, celebrado en París del 12 al 15 de noviembre, 100.000 personas se manifestaron (entre ellas delegaciones de UGT y CC.OO.) a favor de la protección de los servicios públicos y contra el neoliberalismo económico que domina en Europa.

El 21 de noviembre, con un acto en Madrid en el que participaron 2.500 cuadros sindicales de todo el Estado, MCA-UGT finalizó los actos conmemorativos del centenario de su fundación que a lo largo del año consistieron en la realización de más de 300 actos en todo el territorio nacional: una exposición itinerante sobre la historia de la Federación, charlas y coloquios en numerosas localidades, y un ciclo de conferencias federales celebrado en seis ciudades representativas: Oviedo, Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, en las que participaron ponentes y expertos de talla contrastada.

El 27 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife UGT y CC.OO. se sumaron a los actos conmemorativos el XXV Aniversario de la Constitución Española con un Acto Sindical, que contó con la presencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias, y en el que participaron las Comisiones Ejecutivas de CC.OO. y UGT y más de 300 cuadros y dirigentes de ambas Organizaciones. En este acto se subrayó que la intención de esta conmemoración era promocionar los derechos civiles y sociales que defiende la Constitución, así como su alto valor social. La Carta Magna, además de consagrar el objetivo del pleno empleo, reconoce importantes derechos a los ciudadanos, como el acceso a una vivienda digna, el derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, a la sanidad y a la enseñanza, entre otros.

El 22 de diciembre, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT firmaron la prórroga para el año 2004 del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC 2003). En virtud de lo anterior, “serán de aplicación a la negociación colectiva del año 2004 los criterios, orientaciones y recomendaciones del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003, teniendo en cuenta que las referencias a 2003 se deben considerar aplicables al año 2004. Según el INE, este año finalizó con 1.127.100 parados”.

Durante 2004 se produjo una avalancha de procesos de “deslocalización” (bien con cierres totales de las empresas o traslado de algunas fases de la producción). UGT alertó de ese fenómeno ante los déficits estructurales que justifican que España “necesita una estrategia de desarrollo industrial coordinada, ligada a las necesidades de cada sector y territorio y articulada con toda una serie de actuaciones de carácter horizontal, siguen vigentes; con el agravante añadido de que puedan intensificarse ante la falta de respuestas e instrumentos para la configuración de un tejido industrial sólido y estable. También se produjeron conflictos de gran calado como las movilizaciones durante el primer trimestre del año de los Astilleros públicos del Grupo IZAR, y que se reprodujeron con gran virulencia en el segundo semestre con el PSOE en el Gobierno, ante la perspectiva de cierre por la falta de carga de trabajo, llegándose finalmente el 16 de diciembre a un acuerdo (firmado por UGT, CC.OO. y USTG con la SEPI y la dirección de IZAR, mostrándose contrarios los sindicatos minoritarios ELA y CAT) consistente “en un plan global que da soluciones tanto a los astilleros civiles como a los militares, mantiene la actividad de ambos, todas las actividades y líneas de negocio actuales, y permitirá la viabilidad de todas las factorías, manteniendo abiertos todos los centros de trabajo”. Asimismo, se produjeron movilizaciones de los trabajadores de la tabacalera Altadis contra el cierre de algunas plantas en España, sin olvidar las protestas de otros colectivos como los prejubilados y los pensionistas.

No faltó la efemérides del hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas (noviembre de 2002) con manifestaciones en toda España, así como una “jornada de lucha estatal” de los estudiantes en defensa de la enseñanza pública realizada el 4 de marzo. El 21 de enero se celebra una importante reunión del Consejo Confederal de UGT en Bilbao en el que se efectuó una reflexión sobre el momento político, pronunciándose con claridad contra el denominado “Plan Ibarretxe” (Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi). En diciembre de este año la CEC de UGT fijó oficialmente su posicionamiento ante la reforma de los Estatutos de Autonomía anunciados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura.

Al Qaeda, el 11 de marzo, perpetró un gran atentado en Madrid con un saldo de 192 muertos (incluyendo el geo asesinado días más tarde tras el suicidio de los islamistas autores de la masacre tras el cerco a que fueron sometidos en un piso de Leganés, en Madrid) y cerca de 1.500 heridos, que conmovió al mundo, especialmente en Europa, que concitó la movilización de millones de personas. Tres días más tarde, el 14 de marzo, tuvieron lugar las Elecciones Generales con victoria del PSOE, cuya primera medida fue el anuncio del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ordenar el regreso inmediato de las tropas españolas en Irak.

Del 28 de junio al 1 de julio tuvo lugar en Barcelona el mayor encuentro sindical en defensa de la “cultura del trabajo”, FORUM-2004, que reunió a trabajadores, sindicalistas, expertos y personalidades de todo el mundo que debatieron sobre el trabajo, el empleo y globalización, además de los aspectos económicos y sociales, la diversidad cultural y la paz. Desde el 23 al 28 de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo Gay, Lésbico y Transexual (28 de junio), la bandera del Arco Iris, símbolo de la lucha que llevan a cabo estos colectivos por la igualdad y la dignidad, ondeó en la fachada de la sede confederal de UGT en señal de solidaridad con dicha causa.

En julio, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimenta una subida extraordinaria del 6,6% (RD 3/2004) con el objetivo de situarse, según el Gobierno, en la senda de los 600 euros mensuales antes del final de la legislatura (2008). El 8 de julio dio comienzo el Diálogo Social. En el palacio de La Moncloa, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los máximos dirigentes sindicales y empresariales (Cándido Méndez, José María Fidalgo, José María Cuevas y Jesús Bárcenas) suscribieron el documento “Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social. Declaración para el Diálogo Social 2004”. Esta declaración, con la que se inició formalmente el diálogo social, se estructuró en torno a varios temas relacionados con el empleo, las políticas laborales y el sistema de protección social.

Tras el paréntesis veraniego, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, accionista universal de los astilleros públicos y privados englobados en IZAR) presentó un Plan de Viabilidad que contemplaba la segregación de los centros de trabajo civiles de los militares. La Mesa Sindical de IZAR (UGT, CC.OO., ELA, CAT, USTG y CIG) se opuso a este plan, iniciando una amplia campaña informativa con el lema: “Por la defensa del sector naval público: No a la segregación ni a la privatización” y convocando huelgas y manifestaciones durante los meses siguientes. El sector lleva 20 años en reconversión y su plantilla se ha reducido de los 39.229 empleos que tenía en 1984 hasta los 6.977 que quedarán cuando se aplique el acuerdo al que llegaron sindicatos y la SEPI el 16 de diciembre que recibió el visto bueno de la Comisión Europea. En marzo de 2005 la nueva empresa pública de construcción naval, tras la segregación del área militar del antiguo grupo público IZAR, se pasó a denominar Navantia.

El 3 de noviembre el 6º Comité Confederal de UGT convoca el 39º Congreso Confederal del Sindicato y del 5 al 10 de diciembre se celebró en Miyazaki (Japón) el 18º Congreso Mundial de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) bajo el lema “Globalizar la Solidaridad, Establecimiento de un movimiento sindical mundial para el futuro” que aprobó una resolución que establece el objetivo de unificar el movimiento sindical internacional en una sola organización.

El 29 de diciembre, los máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME firmaron la renovación del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC-III). El día 29 el BOE publica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad el 22 de diciembre. El 30 de diciembre el Consejo de Ministros asumió los contenidos del acuerdo a que llegaron UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME y el propio Gobierno, en la mesa de reforma del SMI, para mejorar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se incrementará progresivamente hasta el final de la legislatura (2008).

El 3 de febrero de 2005, en La Moncloa, los secretarios generales de UGT y CC.OO., junto a los presidentes de CEOE y CEPYME, se reunieron con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para retomar el proceso de diálogo social y ratificar la vigencia de la Declaración del 8 de julio del pasado año, con la que arrancó el proceso de negociación. Las tres materias objeto de diálogo son la reforma laboral, el futuro de las pensiones y el desarrollo de la Ley de Dependencia. Entra en vigor el Reglamento de la Ley de Extranjería y el proceso de normalización de trabajadores extranjeros, del 7 de febrero hasta el 7 de mayo, para que los empresarios normalicen situaciones laborales irregulares y que permite el acceso a la regularidad de aquellos trabajadores que ya están contratados y la afloración de una gran parte de la economía sumergida. La Disposición Transitoria Tercera fue uno de los aspectos objeto de la negociación entre los interlocutores sociales y el Gobierno durante el proceso de Diálogo Social.

El 1 de marzo se presentó, con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la revista de pensamiento político y sindical CLARIDAD, que edita la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, que inicia su cuarta etapa desde su fundación, por Luis Araquistain, en 1935.

El 3 de marzo, en el transcurso de la reunión del Comité Confederal extraordinario de UGT, Cándido Méndez anuncia su intención de presentarse a la reelección como secretario general del Sindicato en el 39º Congreso Confederal a celebrar del 1 al 4 de junio. El 4 de marzo, UGT. CC.OO., CEOE y CEPYME firmaron el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC 2005), para regular las condiciones laborales de más de 10 millones de trabajadores, un millón de empresas y más de 5.000 convenios colectivos.

El 10 de marzo se cumplió el 25 aniversario de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (ET). UGT presentó en esta fecha un libro conmemorativo con recopilación de testimonios y obra gráfica de los interlocutores sociales, el Gobierno y los Grupos Parlamentarios que intervinieron directamente en la elaboración y posterior aprobación del ET, así como una exposición gráfica.

El 14 de marzo, Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales comenzaron a negociar el proceso de reforma del mercado de trabajo. UGT y CC.OO. destacaron que la negociación debería «contemplar los problemas reales del mercado de trabajo: la baja tasa de actividad y empleo, la alta tasa de paro, que se traduce en un insuficiente volumen de empleo, así como la alta tasa de contratos temporales y de siniestralidad laboral». «Estos problemas están interrelacionados y concentrados principalmente en la población laboral femenina y en los jóvenes», señalaron. 14-M: CC.OO. y UGT consideran que el primer año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido positivo, sobre todo por la subida aprobada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la puesta en marcha del proceso de regularización de inmigrantes y la apertura del diálogo social, entre otros aspectos, como la subida de las pensiones, la retirada de las tropas de Irak y la aprobación de la Ley de Violencia de Género.

El 19 de marzo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó en Bruselas una euromanifestación en la que participaron 75.000 personas. El mensaje principal fue “Gobiernos europeos, escuchad lo que los sindicatos os tienen que decir”. El objetivo fue enviar un mensaje claro a los Jefes de Estado que se reunían en la llamada Cumbre de Primavera que tuvo lugar los días 22 y 23. Los manifestantes se movilizaron en defensa del empleo, de los derechos sociales y para mostrar su rechazo hacia la directiva Bolkestein. “El movimiento sindical europeo estuvo muy bien representado en esta euromanifestación, ha declarado John Monks, secretario general de la CES. Ahora lo que queremos es que los dirigentes europeos escuchen nuestro mensaje: que los gobiernos den una orientación más social a una Europa que responda aún más a las preocupaciones de los trabajadores europeos. El movimiento sindical europeo no se opone a ninguna reforma si tienen la orientación adecuada de un progreso para todos”. Todas estas reivindicaciones fueron plasmadas en pancartas escritas en todos los idiomas de los países allí representados. Cándido Méndez, secretario general de UGT y presidente de la CES, afirmó que “la Comisión Europea tiene que modificar de forma radical el texto para que no se pueda utilizar como caballo de Troya para cargarse los derechos de los trabajadores”.

El 21 de marzo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe en La Moncloa a los máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME, Cándido Méndez, José María Fidalgo, José María Cuevas y Jesús Bárcenas, respectivamente, para conocer sus inquietudes ante la Cumbre Europea de Jefes de Estado y de Gobierno (la llamada Cumbre de Primavera), en la reunión que mantuvieron durante los días 22 y 23, en Bruselas, para decidir la orientación de la estrategia de Lisboa que se concretan, entre otras materias, en alcanzar una tasa de empleo general del 70% en 2010, y del 60% en el caso de las mujeres. En la reunión del presidente del Gobierno con los agentes sociales, fruto de su compromiso en el encuentro mantenido el día 2 de informarles sobre la posición del Gobierno en las cumbres europeas, los sindicatos le trasladaron su preocupación por la “directiva Bolkestein”, relativa a la liberalización de los servicios, y a la directiva sobre tiempo de trabajo. El rechazo a la directiva y la necesidad de defender el modelo social europeo, fue el motivo de la euromanifestación que la Confederación Europea de Sindicatos convocó el 19 de marzo en Bruselas.

El 30 de marzo, los máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME (Cándido Méndez, José María Fidalgo, José María Cuevas y Jesús Bárcenas) y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, firmaron la renovación del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC-IV). El 19 de abril, UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME y el Ministerio de Industria firman el Convenio para la creación de los Observatorios Industriales, que se desarrolla en el marco de la “Declaración para el Diálogo Social 2004: Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social”.

39º Congreso ConfederalEl 39º Congreso Confederal de UGT realizado del 1 al 4 de junio y que tuvo como lema ‘Trabajo y progreso. Movilizándonos por los cambios’, reeligió, por cuarta vez desde que fuera designado por primera vez en 1994 como sucesor de Nicolás Redondo, a Cándido Méndez como secretario general de UGT tras recibir el respaldo del 78,05% de los delegados asistentes a la votación. De la Ejecutiva salieron Alberto Pérez, Soledad Ruiz y Manuel Mariscal, mientras que se incorporaron a la misma Blanca Uruñuela Aguado, José Javier Cubillo y Ángel Fernández Íñiguez.

Entre los días 31 de mayo y 16 de junio se celebró, en Ginebra, la 93a Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que debatió sobre la forma de abordar desafíos como la eliminación del trabajo forzoso, el desempleo juvenil, la mejora de la seguridad ocupacional, y la crisis mundial del empleo. En el marco de la Conferencia se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio), con un llamamiento para retirar a todos los niños trabajadores de minas y canteras en un plazo entre 5 y 10 años. Este “llamamiento a la acción” beneficiaría a más de un millón de niños entre 5 y 17 años que ponen en riesgo su integridad al realizar labores en este sector.

El 20 de junio se constituyó la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, órgano de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del que forman parte las Organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal. La creación de esta Comisión fue uno de los aspectos sociolaborales acordados en el Diálogo Social en torno al Reglamento de la Ley de Extranjería.

La Alianza de organizaciones (Comisiones, UGT, USO, Consejo de la Juventud de España, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, ATTAC y otros colectivos que aglutinaban a más de un millar de entidades) que promueve en España la campaña Pobreza Cero, enmarcada en el “Llamamiento mundial contra la pobreza”, convoca una manifestación en Madrid el domingo, 26 de junio, para exigir a los Gobiernos de los países ricos que trabajen contra la pobreza. Esta manifestación de Madrid coincidió con otras actividades en el resto de los 120 países que se pusieron en marcha entre esa fecha y el 6 de julio.

El 30 de junio, el Congreso levanta el veto a la ley que permite el matrimonio entre homosexuales y dio luz verde a la normativa, que ofrece al colectivo gay, además, la posibilidad de adoptar niños. El texto ha sido respaldado por 187 diputados, mientras que 147 han votado en contra y otros 4 se han abstenido. España se convierte en el tercer país, después de Bélgica, Holanda, en los que las personas del mismo sexo pueden casarse.

El 3 de julio entró en vigor el Real Decreto de Extensión de Convenios Colectivos que posibilita que aquellos trabajadores que no disponían de convenio por falta de representación empresarial para negociar puedan acogerse de manera más ágil y eficaz, previa solicitud de sus representantes, a otro convenio análogo con sus condiciones económicas y sociales. La aplicación del convenio colectivo extendido surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la finalización de la vigencia inicial y prorrogada del convenio extendido. La norma establece que es el Ministerio de Trabajo el organismo competente para la extensión de convenios cuando abarque a todo el territorio nacional o a más de una Comunidad Autónoma, mientras que éstas resolverán cuando el ámbito de la extensión se circunscriba a su correspondiente territorio o ámbitos inferiores al mismo.

El 13 de julio, Cándido Méndez y José María Fidalgo, se reunieron con el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, para tratar de desbloquear la reforma laboral que se encontraba atascada. La reforma laboral tiene como principal objetivo reducir la temporalidad y en este sentido, mientras la CEOE es partidaria de una reducción en los costes por despido y contratación, que iría en la dirección de aplicar a los nuevos contratos una indemnización por despido inferior a la actualmente existente, los sindicatos rechazan tal propuesta, argumentando que los principales problemas de la temporalidad no radican en los costes, por lo que proponen otra serie de medidas, como pueden ser una mayor regulación de las contratas y subcontratas.

El 19 de julio se convoca la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales con el objeto de dar salida a la urgente reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En la citada reunión, “todas las partes consideramos que es urgente e inaplazable la necesidad de reformar, reforzar y potenciar el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dotándolo de una estructura organizativa y funcional y de recursos humanos y materiales acorde con la misión y funciones que, por mandato legal y desde el año 1995, tiene encomendadas el Instituto por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo y por las exigencias actuales que la sociedad demanda. Dado que el mantenimiento de una organización y estructura cuya regulación data de 1982, que no se adecua a los cambios sociales y legales producidos en nuestra sociedad, es una de las causas determinantes de la situación insostenible de deterioro en que se encuentra el Instituto y que le impide cumplir su actual misión”.

El 8 de agosto entra en vigor el arraigo laboral, uno de los procedimientos permanentes del Reglamento de la Ley de Extranjería que permite el acceso a una autorización en casos excepcionales y que es fruto, junto al resto de aspectos sociolaborales del Reglamento, del acuerdo alcanzado en el Diálogo Social. El 7 de febrero de 2005 entró en vigor la totalidad del Reglamento excepto el artículo 45.2.a) sobre arraigo laboral, pospuesto hasta la previsible finalización de la tramitación de las solicitudes presentadas al amparo del proceso de normalización. UGT recordó “que el arraigo laboral forma parte del acuerdo del diálogo social en torno al Reglamento de la Ley de Extranjería. Es uno de los procedimientos permanentes, junto al arraigo social y las causas humanitarias, que permite el acceso a una autorización en casos excepcionales. El sindicato destaca que es preciso que los inmigrantes acrediten dos años de estancia en España y un año de relación laboral o relaciones laborales, este último requisito mediante sentencia o resolución confirmatoria de Acta de la Inspección de Trabajo”.

El 21 de agosto, UGT presenta un informe sobre el coste de la vivienda durante el periodo 1998-2004 que destaca que la misma creció en ese periodo 4,5 veces más que los salarios. Por ello, “UGT considera que la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas es un paso necesario para frenar el crecimiento del precio de las viviendas. Pero es preciso también mayor intensidad en las ayudas directas a la compra y, sobre todo al alquiler, para aquellas familias y colectivos más desfavorecidos, como los jóvenes; reserva de suelo público para la promoción de vivienda protegida (en propiedad y alquiler, que deberían alcanzar las 100.000 nuevas) y ayudas para la rehabilitación y para la adaptación de viviendas para personas mayores o discapacitadas”.

El 5 de septiembre se reanuda el diálogo sobre el mercado de trabajo tal y como se había acordado en la reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Diálogo Social del 27 de julio, entre el Gobierno e interlocutores sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO.). UGT quiere avanzar en la mejora de la protección y de los derechos de los trabajadores. En la reunión se ratificó la voluntad de todas las partes para dar un decidido impulso al proceso de diálogo a lo largo de este mes de septiembre. Y con este fin, se acordó mantener frecuentes reuniones de trabajo durante todo este mes, estableciéndose una distribución de los temas a tratar. Con el fin de garantizar un resultado positivo de la negociación, y dada la interrelación de los distintos temas, se acordó trabajar “de forma discreta” y esperar hasta el final de septiembre para hacer público un balance global y común del resultado de estas reuniones. UGT informaba que “valora muy positivamente la voluntad compartida del Gobierno e interlocutores sociales para alcanzar un acuerdo, pese a la complejidad y extensión de las materias que deben negociarse, y resalta que la mejora de la protección y de los derechos de los trabajadores debe ser el resultado final de este proceso de Diálogo Social”.

El 13 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha llegado a un acuerdo en materia de financiación sanitaria. UGT mostró su satisfacción “pero recuerda que este pacto político debe completarse ahora con un pacto social. El sindicato solicita la apertura del proceso de diálogo social, no sólo para conocer los contenidos exactos del acuerdo, sino también para iniciar unas negociaciones que conduzcan a lograr, además de la suficiencia económica del sistema, su equidad y cohesión. UGT comparte el objetivo de mejorar la financiación de nuestro Sistema Sanitario Público y, en este sentido, valora el esfuerzo de Gobierno y Comunidades Autónomas para alcanzar un acuerdo en esta materia, pero advierte que el debate debe ser mucho más amplio y en la dirección de avanzar hacia una mayor equidad y solidaridad del sistema, tal y como se recoge en la Declaración en Defensa de la Sanidad Pública, ratificada por UGT y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el pasado 7 de septiembre. Ya en septiembre de 2001, cuando se alcanzó el Acuerdo de Financiación Autonómica y Sanitaria del CPFF, UGT y la FADSP denunciaron que el modelo establecido era inadecuado y que, por tanto, no solucionaría los problemas financieros del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, hicieron una serie de propuestas para contribuir al sostenimiento del mismo y de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social. A lo largo de estos últimos cuatro años no hemos hecho otra cosa que constatar lo dicho entonces al respecto. A comienzos de 2003, UGT advirtió al Gobierno y a los grupos parlamentarios sobre la oportunidad que presentaba el debate parlamentario de la Ley de Cohesión y Calidad para el SNS. El resultado fue decepcionante, al no establecerse nuevas orientaciones e instrumentos de Gobierno y coordinación al SNS. El debate abierto sobre la financiación de la sanidad pública en la primera Conferencia de Presidentes, el pasado 28 de octubre de 2004, y el anuncio de su tratamiento monográfico en la segunda Conferencia de Presidentes del pasado día 10 de septiembre, ha permitido conocer con mayor precisión la evolución del gasto sanitario y de la población en España durante el período 1999-2003, aspectos fundamentales para abordar las necesidades de financiación. Esto ha sido posible gracias al trabajo de sendos grupos de la Administración que han integrado y tratado la información necesaria para ello”.

El 17 de octubre, primera reunión de la mesa de Diálogo Social para la reforma de las pensiones entre CC.OO. y UGT, CEOE/CEPYME y el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, en la sede del Ministerio de Trabajo. Uno de los cambios estrella es la reordenación de la viudedad. Los sindicatos y los empresarios han exigido al Gobierno un pronunciamiento público (previo al inicio de la negociación) en el que manifieste su voluntad de no incluir transferencias de la Seguridad Social en la reforma de los estatutos de autonomía. Jesús Pérez, de UGT, informó que en la reunión Octavio Granado y los agentes sociales habían perfilado algunas enmiendas a los PGE de 2006, como mejoras para las pensiones no contributivas de vejez o enfermedad o cambios jurídicos para la incapacidad laboral. Asimismo, la mesa decidió establecer una nueva pensión no contributiva para los menores discapacitados, de manera que se instaure un derecho ajeno a la situación familiar del interesado.

El 18 de octubre, el Gobierno entrega a sindicatos y organizaciones empresariales el documento de reforma del mercado de trabajo. ‘Si se trata de sustituir fijos por fijos más baratos estaríamos fuera del objetivo’, advirtieron tanto el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, como el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Méndez apuntó que la negociación entra en una fase «decisiva» que debería tener un «punto de desenlace» en las próximas semanas, aunque señaló que no es preciso limitar en el tiempo dicha negociación.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno decida legislar unilateralmente si no se logra un acuerdo, Méndez recordó que el documento que suscribieron patronal y sindicatos el pasado 2 de marzo reconocía que el Ejecutivo tiene competencias para legislar cuando lo crea oportuno y, por tanto, corresponde al Gobierno plantearse esta posibilidad. En cualquier caso, el momento actual es «la hora de la negociación» entre las tres partes. «Ahora es preferible que nos centremos en qué hay que negociar, aunque para los sindicatos sea más difícil que para la patronal», insistió.

El 25 de octubre, reunión en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los secretarios generales de CC.OO., UGT y CEOE, José María Fidalgo, Cándido Méndez y José María Cuevas, previa a la Cumbre Europea de Jefes de Estado y Gobierno que se celebra en Gran Agenda del 24 al 28 de octubre.

Por primera vez una mujer, Almudena Fontecha (Secretaria para la Igualdad de la CEC de UGT), ocupa una Vicepresidencia del Consejo Económico y Social. Fue elegida el 19 de octubre por el pleno de este organismo que, creado en 1991, iniciaba su cuarto mandato con la designación de 13 nuevos consejeros y la renovación de los otros 47.

Diálogo Social: CEOE y CEPYME presentaron por escrito sus propuestas el 25 de octubre, según José María Cuevas “revolucionaria”. Este documento, lejos de mover un ápice las posiciones maximalistas anunciadas verbalmente en las reuniones mantenidas, recoge sus planteamientos más extremos en todas las materias. Según UGT y CC.OO. la supuesta “revolución” anunciada por José María Cuevas es un ataque en toda regla a la arquitectura del derecho al trabajo, que pretende desregular la contratación indefinida y aumentar la temporalidad.

Diálogo Social: Comienza la fase definitiva. El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, convoca el 3 de noviembre a los representantes sindicales y empresariales a fin de negociar punto por punto las propuestas presentadas por escrito e intentar aproximar las posiciones. Tras la reunión del 11 de noviembre, la falta de voluntad de la CEOE impide la consecución de avances en la mesa de negociación para la reforma del mercado laboral, cuyo desenlace mantiene «todas las incertidumbres» tras constatar las partes que sus posiciones se mantienen «muy alejadas».

El 14 de noviembre se cumplió el trigésimo aniversario de la firma los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Acuerdos que supusieron la entrega del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Con este motivo, numerosas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos (UGT y CC.OO., entre ellos), convocaron actos en solidaridad con el pueblo saharaui con el lema “30 años bastan: NO más injusticia y sufrimiento. Marruecos culpable, España responsable”. Entre otros, la Conferencia Internacional de Solidaridad con el pueblo saharaui (viernes 11 de noviembre) y una manifestación que recorrió las calles de Madrid, el domingo 12 de noviembre. Además, han hecho pública la “Declaración de Madrid por la Descolonización del Sáhara Occidental” en la que se denuncia la violación de los derechos humanos y la campaña de represión contra la población civil saharaui y el expolio de las riquezas naturales del Sáhara, y se pidió al Gobierno español que emprendiese una acción decidida para impulsar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

El 24 de noviembre el Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-Ley 13/2005 –publicado en el BOE del 3 de noviembre- (que modifica la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado) y pretende poder cumplir totalmente el fin perseguido por esa norma de 1986: la plena y definitiva restitución de los bienes y derechos del patrimonio sindical que fue expoliado por la dictadura del General Franco a las organizaciones obreras leales a la República, entre las que de modo fundamental se encuentra el patrimonio histórico de UGT. La restitución de esos bienes y derechos se estableció en la Ley 4/1986, de 8 de enero, pero sólo se ha aplicado parcialmente; ya que el texto de esa Ley era tan restrictivo que ha impedido la reparación plena que perseguía. Por ello, UGT tiene todavía pendiente de restitución varios cientos de inmuebles con sus muebles y enseres, además del utillaje y la maquinaria (imprentas, cabeceras de periódicos, bibliotecas, etc.), la totalidad de las cuentas financieras y el no menos importante patrimonio cultural y documental.

Fuente: UGT portal.ugt.org/ugtpordentro/historia.htm